El ivme, ice y otro impuestos bolivianos, opinión

Un nuevo escenario de retenciones o impuestos se forman apoyados en la visión de país que tiene el actual Gobierno del MAS, que considera que la estatización del nuevo modelo económico es una de las características que empresarios y población deben aceptar.  Entre los nuevos gravámenes están el cobro a las transacciones de monedas extranjeras, la retención de Bs 0,20 por cada quintal de azúcar producido y de Bs 0,08 por cada litro de alcohol de caña de azúcar, y un proyecto de cobro diferenciado a las empresas que utilicen más agua.

Los analistas consultados coincidieron en que esta postura de recaudación y de presencia estatal en la cadena productiva y de servicios no hace otra cosa que afectar el normal funcionamiento de estos sectores que, a la larga para seguir manteniendo su rentabilidad, pueden buscar el ‘atajo’ de pasar sus costos al consumidor final y así afectar el poder adquisitivo de las personas.

Para el analista Carlos Schlink, cuando se crea nuevos tributos es porque se tiene problemas para financiar los gastos del Gobierno y prueba de ello, es lo que está pasando en Europa, donde elevan algunas alícuotas a tributos que normalmente los paga el consumidor final, porque las empresas incrementan el precio inclusive de manera superior al tributo que se crea.

“En este contexto los precios van a tender a subir, lo cual provocará incremento en el nivel de inflación y pérdida del poder adquisitivo de los bolivianos”, sostuvo Schlink.

El economista remarcó que hay otra manera de financiar el gasto del Ejecutivo, a través de financiamiento externo, financiamiento interno o utilización de reservas, siempre y cuando sean utilizados los recursos para programas y proyectos de inversión, que tengan garantías y generen bienestar a la población, por lo que no se justifica crear más tributos.

Alberto Bonadona, especialista en temas económicos, subrayó que estos nuevos tributos forman parte de una estructura impositiva irracional e injusta en la que el 75% de las familias cumplen con sus obligaciones y solo el 25% de las unidades productivas lo hacen.

Por otra parte, a decir de Bonadona, el sector informal sigue siendo un ‘cáncer’ para la economía del país y ahí el Gobierno hace muy poco para obligarlos a tributar siendo que es un sector con importantes ingresos.

Según Bonadona, gravar a los ingenios, para la creación de un instituto de investigación es un objetivo para destacar, pero el gran error es que se busque por la vía del tributo, un mecanismo restrictivo que no hace otra cosa que frenar la producción y que a la larga va a provocar que sea la población la que pague estos tributos.

La fórmula que ve Bonadona es que, si bien los tributos están destinados a las empresas, estas tienen la capacidad para trasladarlos al consumidor final lo que significara un encarecimiento de los productos.

Similar criterio tuvo Mario Hurtado, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), que se mostró preocupado por la posibilidad de que se establezca un cobro diferencial (se lo encarezca) al uso de agua y que, en su criterio puede afectar el costo de los animales, lo que provocará que los frigoríficos suban el precio del kilo gancho y que eso presione a los carniceros para que hagan los mismo.

“Hay que ser claro, pues cada vez que hay un nuevo impuesto a la producción siempre lo paga la población, dado que las empresas deben velar por su rentabilidad, para eso invierten, por lo que sus gastos extras o imprevistos lo gravan en el producto final. Eso es lo que el Gobierno debe saber y por eso esperamos que en el tema del agua se llegue a un acuerdo equilibrado”, señaló Hurtado.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, remarcaron que la retención que se busca realizar a los ingenios del país es el resultado de una negociación y que de ninguna manera es argumento para que estas empresas busquen trasladar este gasto al precio del azúcar o del alcohol.

Teresa Morales, ministra de esta cartera, a principio de semana en conferencia de prensa sostuvo que estos recursos van a ser destinados para mejorar la producción cañera mediante la creación de un instituto de investigación.

“Ahora no pueden decir que esta medida es repentina o sorpresiva, se vino hablando con ellos por lo que no es adecuado hablar de costos hacia el consumidor final, eso no lo vamos a permitir”, subrayó en aquella oportunidad.

Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), indicó que en vez de más impuestos al sector formal se debe crear incentivos a la inversión, premiar a la producción y a la de nuevos empleos.

Según Dabdoub, el sector azucarero es uno de los que tienen fuerte presencia en la parte tributaria del país por lo que no se entiende la presión que se busca aplicar.

Sobre el traslado de los costos al consumidor final Dabdoub fue cauto y prefirió señalar que esa es una posibilidad que cada empresa debe estudiar.

Para la Cámara Nacional de Industrias, todos los sectores tienen la obligación de aportar al Estado. El problema es que en el país no todos los agentes económicos tributan, debido a que el grueso de la economía boliviana no es formal lo que hace que esta carga la lleven solo unas pocas empresas.

– A mediados de agosto el ministro de Economía, Luis Arce, explicó que el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (0,70% para la banca y 0,35% para las casas de cambio) tiene por objetivo incentivar y promover el uso del boliviano y descartó que esa medida afecte al cliente. Al respecto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicó que van a analizar este proyecto de ley, mientras que la presidenta de la Asociación de Giros y Casas de Cambio de Santa Cruz (Agicacruz), Brenda Pacheco, dijo que ese costo se lo trasladará al cliente debido a que la rentabilidad del sector es apenas del 2% y que en comparación con la banca las casas de cambio solo tienen como actividad principal la venta y compra de moneda extranjera. Este proyecto se encuentra en el Senado a la espera de su aprobación.

– Otro proyecto de ley que se encuentra en el Senado para su aprobación es el de un impuesto o retención (como lo llama el Gobierno), de Bs 0,20 al quintal de azúcar y de Bs 0,08 al litro de alcohol, y según el artículo 20, los recursos obtenidos por las retenciones serán destinados en la siguiente proporción: el 96% al Centro Nacional de la Caña de Azúcar y el 4% a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas para el cumplimiento de actividades de recaudación, control y fiscalización del pago de las retenciones. Para los ingenios esta es una medida que afecta el normal desarrollo de su actividad por lo que la rechazaron y se declararon en alerta.

– A diferencia de estos dos proyectos de ley, el cobro diferenciado por el uso del agua es una normativa que aún está en una primera etapa; sin embargo, la posibilidad del encarecimiento del líquido elemento genera incertidumbre en la industria, que cuestiona esta medida que la considera como una traba y no como un incentivo.

En alerta
300Esta es la cantidad de casas de cambio que hay en el país y que rechazan el tributo a la compraventa de moneda extranjera.

El cobro en Bs
0,20Este es el monto que el Ejecutivo busca gravar para el quintal de azúcar y de Bs 0,08 para el litro de alcohol.

“No se entienden los motivos”
Alberto Bonadona- AnalistaEs difícil explicar el porqué el Gobierno ha adoptado esta política de crear impuestos para diversos bienes o servicios.

Si bien puede existir el motivo de captar recursos adicionales para financiar el presupuesto, creo que también obedece a una visión estatista de la economía, por lo que busca intervenir en todos los sectores mediante la creación de impuestos o a través del establecimiento de nuevas instituciones públicas, muchas veces en sectores que no requieren o en los que no se justifica dicha intervención. Esto afecta el normal funcionamiento de estos sectores, con efectos no deseados sobre la producción y el empleo.

Sobre la proporción del impuesto que será trasladado al consumidor final dependerá de la elasticidad de la demanda. Si el producto es de primera necesidad (demanda inelástica), el productor podrá pasar una mayor proporción del impuesto al consumidor final. Si el producto no es de primera necesidad (demanda elástica), el productor no podrá pasar el impuesto al consumidor final y tendrá que absorberlo en una mayor proporción. Sin embargo, es probable que el Ejecutivo fije controles de precios, por lo que se espera que esto afecte las decisiones futuras de los empresarios para producir e invertir en este sector, impactando en la oferta futura de estos productos.

Considero que esta estrategia impositiva no es la correcta por diversas razones. En primer lugar, todo impuesto introduce distorsiones a la economía y por lo tanto le restan eficiencia en su funcionamiento.

Segundo, no se debe crear nuevos tributos, presionando solo al sector formal, para actividades que ya están pagando impuestos, con el objeto de obtener recursos fiscales, sino que se debería buscar que actividades rentables del sector informal tributen, como es el caso de la producción de la hoja de coca y la minería cooperativa.

Con respecto al caso del impuesto que grava la producción de azúcar y alcohol, éste no es justificable, ya que se pretende utilizar estos recursos para de- sarrollar un centro estatal de investigación tecnológica para la caña de azúcar, lo cual ya existe por iniciativa privada.

Esto representa una duplicación de funciones con la consecuente pérdida de recursos. Además, es poco probable que la institución pública desempeñe adecuadamente sus funciones por la escasa capacidad profesional que han demostrado poseer, debido a los bajos salarios que se ofrecen a profesionales calificados.

Creen que las medidas golpearán a los hogares Los economistas consultados de forma coincidente, consideran que una carga impositiva a actores del sector formal y productivo sellará un efecto negativo en los bolsillos de los consumidores (hogares), deduciendo que el incremento de los costos que absorban los inversionistas por los impuestos serán trasladados al precio final de venta de un bien, siendo los compradores los que asuman el pago.

En su criterio, incluir una carga impositiva a sectores formales de la economía podría relegar inversiones en el sector productivo e industrial porque daría pie a la reducción de liquidez y utilidades y se correría el riesgo de provocar desempleo y declinación de la producción.

En el ámbito social, les preocupa el desequilibrio que se podría generar partiendo del hecho que los empresarios trasladarán el incremento del impuesto a los bienes de consumo.

De ser así, impactaría de manera directa en el incremento de algunos productos, caso del azúcar, el alcohol, las gaseosas y porque repercutiría de manera directa en la pérdida de poder adquisitivo del salario.

Dentro del análisis concluyen que la pretensión del Gobierno de grabar impuestos busca aumentar la inversión pública para fortalecer el tamaño del Estado.

Prevén que los recursos que se capten del ingreso se lo destinará para inversión productiva y social, aunque se declaran pesimistas y presumen que se asignarán a ítems incluidos en partidas de gasto corriente, es decir, para apoyar el funcionamiento de las instituciones del sector público.

Otra posición asumida por los especialistas tiene que ver con los beneficios que supone recibirá el sector privado como recompensa a la aplicación de las nuevas cargas impositivas. Es decir, devolver el esfuerzo del empresariado en infraestructura y servicios públicos de calidad.

En definitiva, los economistas creen que el Gobierno debería ser inflexible y también ejercer cargas impositivas al sector informal.

 Waldo López / Analista económico
“El consumidor será afectado” La aplicación de impuestos resultará en una disminución de la liquidez y utilidades de las empresas y las consecuencias se advertirán a mediano y corto plazo cuando las inversiones se desaceleren y las posibilidades de generar empleos y mayor producción declinen. Además, cuando se graba un tributo a la producción generalmente el empresario traslada el precio del producto industrial al consumidor final.

Normalmente los impuestos de aquellos productos con  alta necesidad de consumo se desplazan al consumidor porque la demanda se torna elástica. En el caso del gravamen al azúcar, por ejemplo, cuando toque al empresario pagarlo incrementará el precio de este bien para equilibrar sus costos de producción. El consumidor será el mayor afectado porque su poder adquisitivo se estrechará. El modelo estatal que pone al Gobierno como el principal agente económico apela a los tributos para elevar la inversión pública, la duda es que se destine al gasto corriente.

Osvaldo Nina / Magíster en economía
“El precio del bien aumentará” El impuesto a la divisa norteamericana que se aplica en el sistema bancario no afectará a la población porque el tipo de cambio lo fija el Banco Central de Bolivia (BCB), pero impactará a los operadores del sistema de intermediación financiera porque reducirá la brecha de ganancia que obtenían por la compraventa de moneda estadounidense. De plano, hay que descartar la  fuga de dólares en el país.

En el caso del impuesto que se pretende aplicar al sector azucarero e industriales con alto consumo de agua creo que es una medida que busca regular el consumo eficiente de agua y producción de alcohol.

Generalmente cuando se graba un impuesto, siempre el consumidor asume el perjuicio porque el empresario traslada el precio del bien comercial al comprador. Asumo que un impuesto a la producción de alcohol busca bajar el índice de consumo, pero no comparto la aplicación de un gravamen al agua porque podría desatar un alza del valor, en el caso de las gaseosas.

 Teófilo Caballero / Economista
“El pueblo recogerá los efectos”El hecho de que se pretenda aplicar más cargas impositivas al aparato productivo implica que los incrementos de costos que admitan los inversionistas impactarán en el precio final de venta de un bien industrial y, en ultimo caso, el que soportará los nuevos gravámenes que el Gobierno aspira a crear recaerá en los bolsillos de los ciudadanos, lastimosamente eso es lo que sucede en todos los regímenes tributarios.

Los industriales trasladarán  el impuesto aumentando el precio de venta a la ciudadanía que sentirá el efecto porque el poder adquisitivo de su salario se achicará.

El Gobierno está tratando de aumentar ingresos en el aparato formal y no hace absolutamente nada para formalizar las actividades informales. Bolivia es un país de informales.

Toda forma de creación de impuestos para recaudar más dinero tiene como propósito cubrir el gasto corriente del Gobierno, obviamente como el gasto público creció aceleradamente la población tiene que paga las consecuencias.

Gary Rodríguez / Analista económico
“No son las señales correctas” Por definición, ‘impuesto’ es la obligación de entregar recursos al Estado para financiar necesidades de gasto e inversión pública. Y si bien tal imposición podría ser una renta destinada con un fin altruista, redistributivo o desarrollista, ni a la banca, ni a los industriales y tampoco a otros actores del sistema productivo les caerá bien una exacción creciente que encarezca su actividad, reduzca sus ingresos y afecte su competitividad, sin recibir nada a cambio.

Pocos deben alegrarse por tener que pagar más impuestos, y si bien pasa en países desarrollados, es porque el Estado devuelve tal esfuerzo con infraestructura y servicios públicos de calidad.

Si el fisco tiene necesidad de más recursos, ¿qué sería lo recomendable? Entre aplicar nuevos impuestos a los mismos contribuyentes o ampliar el universo,  la segunda opción es la correcta, porque ayudaría a formalizar la economía. Una mayor presión tributaria nunca será la mejor señal para productores y privados.

Rodney Pereira /  Economista
“Tributos discriman a sectores”“No queda claro en qué consistirían los impuestos denominados sectoriales, si se grabará sobre la producción, las ganancias o cuál es la base imponible de estos tributos.

No es aconsejable generar cargas impositivas que discriminen sectores, ya tenemos un impuesto relativamente alto sobre las utilidades (25%) y otros que se están grabando a todos los sectores en función a sus actividades productivas e ingresos que perciben.

 No es deseable generar impuestos que discriminan a sectores porque se podría tener efectos en el desaliento de la produccion y la posiblidad que los empresarios trasladen estos impuestos al precio final de los productos.

En algunos países se aplican tasas impositivas sobre las ganancias extraordinarias de las empresas. No sé  si es este el caso de Bolivia, aunque debo ser franco y valdría la pena conocer en más detalle estas posibles medidas para realizar una evaluación más precisa.

 Alfredo Seoane / Economista
“Presión tributaria a informales” Se está aumentando la presión tributaria sobre el sector formal y preocupa más el direccionamiento al sector productivo. Se debería apuntar a otros sectores que generan más excedentes (ingresos) y no tienen una presión tributaria, caso de los cooperativistas mineros que recogen ingresos altos y sobre ellos no se ejerce una presión tributaria. Ocurre lo propio con los cocaleros y el comercio informal que son agentes económicos supuestamente pequeños, pero que generan gran actividad comercial. Hay comerciantes que importan grandes cantidades de electrodomésticos y no aportan al fisco. Hay cierta tolerancia con la informalidad del comercio, caso del contrabando de ropa que ocasiona una situación desfavorable en el sector formal productivo.

En el caso del impuesto a la banca es razonable si se asume que este sector estaba generando una fuente de ganancia alta. Este no impactará en la población, no así los otros que podrían motivar alza de precios de bienes.