(ABI) Cochabamba – Bolivia.- El gerente de la Contraloría General del Estado en Cochabamba, Mario Barriga, informó el miércoles que se realizará una nueva auditoría a los estados financieros de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), tras recibir información de que varias de sus autoridades y docentes percibieron remuneraciones superiores a los 15.000 bolivianos entre 2009 y 2010.
«Pese al conocimiento de las limitaciones contenidas en las leyes finánciales se persistió desde las universidades en el pago a docentes y autoridades de salarios mayores a los 15.000 bolivianos», dijo.
Barriga explicó que la realización de la auditoría será programada entre diciembre y enero de este año.
Sostuvo que en esa tarea se verificará sí los funcionarios públicos percibieron esa cantidad de recursos económicos de la UMSS y otras instituciones que reciben fondos estatales, puesto que se conoce que algunas autoridades y docentes trabajan también, por ejemplo, en el Órgano Judicial y la Fiscalía.
Además, indicó que se tratará de establecer sí esas personas recibieron más de los 15.000 bolivianos permitidos con la sumatoria de dinero recibido por esas otras actividades externas o tal vez vinculadas a cursos de posgrado o consultorías universitarias.
«Tenemos comentarios, pero para poder establecer responsabilidad de cualquier un funcionario hay que probar y tener evidencia de que esto ha sucedido», agregó.
El representante regional de la Contraloría General del Estado estableció que es posible que el daño económico provocado supere los 10 millones de bolivianos, sí se toma en cuenta que una auditoría detectó que hace 4 y 5 años se pagó una suma similar que debe ser recuperada.
Sostuvo que en los casos comprobados correspondientes a 2007 y 2008 se determinó que unas 190 autoridades y docentes de la UMSS tuvieron remuneraciones económicas superiores a los 20.000 bolivianos, pese a que conocían que no podían ganar más que el presidente Evo Morales.
Barriga dijo que para la recuperación de esos fondos se elabora aún un informe complementario de un dictamen de responsabilidad civil y que está previsto iniciar luego un proceso coactivo.
«Esperamos que hasta la emisión del dictamen puedan pagar estos recursos que se les va a demandar con el pago por la vía coactiva», añadió.
La autoridad regional estableció que sí los implicados no aceptan devolver los fondos se solicitará la aplicación de medidas precautorias en su contra, como la anotación preventiva de sus bienes y en caso extremo su embargo y remate.
Socio y fundador de boliviaimpuestos.com. Autor de artículos tributarios, investigador y consultor.
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