Por. Eduardo Bowles
El camino más directo para retornar al periodo de caos e hiperinflación previo a 1985 ha sido trazado en los últimos días con el conflicto entre los mineros asalariados y cooperativistas, que se pelean por los despojos del Estado que no ha podido edificar el «proceso de cambio».
Cooperativistas y asalariados buscan consolidar su propio modelo de Estado en el que no tiene perspectivas de progreso ninguno de los sistemas que ha ensayado Bolivia en sus 187 años de historia. La visión que tienen ambos sectores no cuadra ni con el socialismo, el liberalismo, el estado republicano o el esquema plurinacional. Ni siquiera son compatibles con el anarquismo, porque ambos conducen a la desaparición de todo vestigio de institucionalidad, sin el cual, es imposible pensar en el Estado.
Los asalariados, que son marxistas, proponen el estatismo al extremo. Ellos están convencidos de que el Estado es aquella loba que idearon los romanos y que es capaz de dar de mamar de manera indefinida y sin ningún tipo de límite a todo el que aparezca.
Con ese criterio, por ejemplo, convirtieron a la mina estatal de Huanuni en una agencia de empleos que ha pasado de 700 a 4.700 trabajadores sin aumentar ni un solo gramo de mineral a su producción, situación que la pone en riesgo de quiebra, pese a la histórica bonanza de precios de los últimos diez años.
Esa misma lógica quieren aplicar en Colquiri y en otros emprendimientos mineros que podrían llevar al país a un estado de quiebra como la que se produjo entre 1982 y 1985 y que obligó al Gobierno de Víctor Paz Estenssoro a clausurar las minas para no tener que disolver Bolivia.
Los cooperativistas son la otra cara de la moneda, pero no son menos destructivos del Estado. Ellos son los sobrevivientes del estatismo que condujo a las minas a la muerte por inanición. Estos mineros son profundamente individualistas, capitalistas a ultranza y mercantilistas al extremo. Su trabajo es apoderarse de las vetas por las buenas o por las malas, aprovechar lo mejor que se pueda la riqueza que se pueda extraer, sin contemplar ningún tipo de límite ambiental, laboral o social.
Les dicen «juqueros», término que significa «ladrón de minerales». Por su gran número y consiguientemente, por su inmensa capacidad de movilización, constituyen el sector más afín al Gobierno, que además de empoderarlos para que protagonicen la masacre de Huanuni de 2006, les ha concedido la liberación de impuestos, dos medidas que han terminado por volcársele en contra al oficialismo, ya que ahora no hay manera de frenar su apetito.
En este momento, ambos grupos de mineros están haciendo lo que todos los sectores sociales han hecho en la última década: desafiar la autoridad, imponer el principio del caos, violentar las leyes y seguir minando las posibilidades de construir un Estado en Bolivia. La única diferencia es que en esta ocasión ha sido el propio Estado Plurinacional el impulsor de su propia desaparición.
Socio y fundador de boliviaimpuestos.com. Autor de artículos tributarios, investigador y consultor.
Especializado en la asesoría, planificación y defensa más compleja en materia tributaria.
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